NEOLIBERALISMO Y PRIVATIZACION

“Neoliberalismo y redefinición del rol de los hidrocarburos.

La privatización de YPF”

INTRODUCCIÓN

A inicios de la década del ´90 cristalizó en la historia económica argentina un cambio en el patrón de acumulación de capitales impulsado en la década del ´70 por la ingeniería financiera de los grupos dominantes locales arraigados en el Estado y vinculados al capital extranjero.

Este nuevo patrón de acumulación se basó en la centralización y concentración del capital bajo un grupo dominante que irrumpió con la última dictadura cívico-militar, en detrimento de la estructura productiva basada en la industrialización por sustitución de importaciones y en el control de la misma por el Estado.

Teniendo en cuenta este proceso, enmarcado en una continuidad histórica, a pesar de los diferentes regímenes políticos, nuestro objetivo es examinar la lógica en la cual los hidrocarburos dejan de ser un recurso estratégico prometedor de todo desarrollo económico nacional, a ser un bien mercable más, o una commodity exportable.

Para ello, y a continuación, dividiremos el presente trabajo en tres capítulos. En el primer capitulo, intentaremos aproximarnos sintéticamente al proceso de gestación y expansión de las políticas neoliberales a nivel mundial, dado que éstas, de hecho, influyeron y fueron integradas en nuestro país durante la década del 70´, cristalizando en la década menemista con la privatización y desregulación de las empresas estatales, como expondremos en el segundo capitulo. Finalmente, en el tercer capitulo, abarcaremos específicamente la operatoria de dichas políticas en el sector hidrocarburífero, teniendo en cuenta para ello, cómo a través de los distintos gobiernos se desencadenó una puja por el reparto de la renta petrolera y de la explotación de los yacimientos entre el Estado, las provincias y las empresas privadas. Por dicho motivo, prestaremos especial atención al concepto de “renta petrolera” y a los actores que intervienen en la apropiación de la misma. Así mismo, expondremos brevemente la situación actual de la crisis de las reservas energéticas en nuestro país como producto de la total falta de inversión y de control sobre las empresas privadas. Finalmente, algunos modelos alternativos de políticas energéticas en otros países, merecen ser tomados en cuenta como ejemplos de posibles políticas para recuperar un recurso no renovable como lo son los hidrocarburos.

I. LA AVANZADA NEOLIBERAL

I. 1. La Reacción Neoliberal.

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, brotó a superficie, de la mano de Milton Friedman y Friedrich Von Hayek, una crítica teórica y política bajo el rótulo de neoliberalismo, hacia el Estado de Bienestar y en especial hacia el New Deal Norteamericano.

Las predicciones del ideario neoliberal aducían a las raíces de una posible crisis del Estado de Bienestar tras el cese de la Segunda Guerra Mundial. Dichas raíces se encontraban enquistadas en el poder “nefasto y excesivo” de los sindicatos y el movimiento obrero, quienes habían socavado las bases de la acumulación privada por la presión parasitaria que ejercían sobre el Estado en materia de reivindicaciones salariales y en el aumento del gasto público. (Anderson, 2003)

Pese a las terminantes prédicas neoliberales, de un capitalismo más duro y sin reglas impuestas por el Estado, éstas no prendieron con fuerza en las clases dirigentes a nivel mundial, ya que la economía capitalista desde 1945 hasta 1970 registró una expansión sin precedentes históricos tanto en términos de producción, como en términos de comercio, trasferencias de capital y tecnología. Las exportaciones mundiales pasaron de u$s 60.000 millones en 1950 a u$s 128.000 millones en 1960 y a u$s 313.000 millones en 1970. Entre 1950 y 1970 la tasa de crecimiento del volumen de las exportaciones mundiales fue del 8,5 % anual contra 3% en el segundo orden mundial. Además, el comercio creció a tasas más rápidas que la producción mundial de bienes. Entre 1960 y 1970, ésta creció en un 69% y el volumen de las exportaciones en un 114%. (Ferrer, 2007: 199).

Ante esta coyuntura las advertencias del neoliberalismo no se presentaron muy verosímiles. Por el contrario, con el arribo de la crisis del modelo económico de posguerra en 1973, cuando todo el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando por primera vez bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, todo cambió. A partir de allí, las ideas neoliberales comenzaron a ganar terreno. (Anderson, 2003)

I.2. Crisis del Estado Benefactor y consolidación del Neoliberalismo

En la década del 70´ la crisis se hizo manifiesta deteriorándose las ganancias de las empresas, paralelamente a la caída de las inversiones productivas. A su vez, dicha crisis se vio agravada por un aumento del precio del petróleo programado por los países miembros de la OPEP en el marco de los conflictos bélicos en Oriente Medio. En 1973, el precio del petróleo aumentó de u$s 3 a u$s 13 el barril. En 1978 se produjo un nuevo aumento que llevo de u$s 13 el barril a u$s 34, para concluir con una cotización máxima de u$s 42 el barril como consecuencia de la beligerancia entre Irak e Irán en 1980. La enorme masa de dinero recibida por los países de la OPEP, obtenida por la fuerte transferencia de recursos de los países importadores de petróleo a los países exportadores del mismo, conocida como petrodólares fue volcada hacia el mercado financiero internacional quien comenzó a inundar de préstamos a los países en vías de desarrollo. De esta forma, la mayoría de las naciones periféricas se endeudaron creyendo que pronto se recuperarían de la momentánea crisis.

Las turbulencias económicas disparadas en la década del 70´ se prolongaron hacia la siguiente década conduciendo a un drástico cambio del modelo económico prevaleciente a favor de la implementación de la receta, hasta entonces latente, del neoliberalismo.

Quienes iniciaron el cambio en el modelo fueron Thatcher en Inglaterra en 1979 y Reagan en Estados Unidos en 1981, quienes pusieron en marcha como medio a la reactivación económica las políticas neoliberales. Así encabezaron una política fundamentada en la hegemonía del mercado por sobre toda intervención del Estado. De este modo, se condujo a una oleada feroz de privatización de empresas públicas, y se desreguló toda actividad financiera para establecer condiciones mas propicias a la inversión especulativa. se debilitó todo poder de los sindicatos gracias a políticas de desocupación y represión, etc. En este sentido, la década del 80´ marcó una gran preeminencia de los mercados cambiarios internacionales en detrimento de los aparatos productivos nacionales.

Esta nueva tendencia hacia los mercados financieros, a favor de la liberalización de las fuerzas del mercado, llevó a responsabilizar al Estado como el causante de la ineficiencia en la economía y su administración. Estos planteamientos neoliberales cristalizaron en el Consenso de Washington cual llevó a redefinir el rol del Estado en sintonía con la nueva política económica.

En Latinoamérica y en especial en Argentina la hegemonía del pensamiento único y sus expresiones políticas y económicas no se harían esperar. Su aplicación corrió de la mano del radical debilitamiento del Estado, absolutamente sometido a las clases dominantes y la pérdida de soberanía ante la burguesía transnacionalizada y los organismos guardianes de éstas: el FMI y el Banco Mundial. (Borón, 2003)

II. MECANISMOS DE INTEGRACIÓN AL AVANCE NEOLIBERAL

II.1. Camino hacia la consolidación de las privatizaciones y la desregulación

Como producto de la crisis capitalista a nivel mundial en la década del setenta y la irrupción en 1976 de una nueva dictadura cívico-militar en nuestro país, se produce un forzado cambio en el patrón de acumulación de capital.

Las políticas económicas puestas en marcha por el entonces Ministro de Economía Martínez de Hoz significaron la completa liberalización del mercado financiero. Como consecuencia, los bancos y las entidades financieras se multiplicaron por doquier, creciendo los depósitos a interés. Gracias a ello la especulación financiera favorecida, extirpó vigor a las inversiones de capital dirigidas hacia las actividades destinadas a la producción y el consumo.

Así, bajo la dictadura, mientras que por un lado se silenció y desapareció a toda oposición; por el otro lado se removió las bases de la industrialización sustitutiva de importaciones como motor del desarrollo económico, e implementó la valorización financiera del capital[1] como eje ordenador de la economía argentina. Por dicho motivo, este nuevo patrón de acumulación se encuadra dentro de la concentración económica[2], la centralización del capital[3], la distribución regresiva del ingreso y la fragmentación social. (Basualdo y Aspiazu, 2002)

Un nuevo bloque económico dominante, compuesto por un concentrado número de grupos económicos locales, empresas extranjeras y bancos acreedores fue el favorecido en este proceso, desempeñando de allí en más, un particular poder de veto sobre las decisiones en la política económica nacional[4].

En este sentido, la dictadura dejó a la Argentina en una situación crítica, no sólo por la alta concentración de riqueza en un reducido grupo económico, sino también por el acrecentamiento de la deuda externa. A partir de esa política de endeudamiento argentino, éste se incrementó en un 544% a lo largo de los 7 años del gobierno militar. En 1975 la deuda externa nacional era de 7,9 mil millones de u$s, de los cuales 4 mil millones correspondían a la deuda externa estatal y 3,9 mil millones a la deuda privada. Al finalizar la dictadura el endeudamiento había trepado a casi 45,1 mil millones de u$s, de los cuales 31,7 mil millones habían sido contraídos por el Estado y 13,4 por las empresas privadas, lo que para aquel entonces significó 575% de los productos exportados a nivel nacional. (Herrera y García, 2003).

Para 1980, en el ocaso del período militar, el sistema económico deviene en crisis, y esto se expresa en la insolvencia del gobierno para enfrentar los desafíos que plantea los compromisos de la deuda externa tanto pública como privada[5]. De este modo se llevó adelante una política de nacionalización de una parte importante de la deuda contraída por el sector privado.

Con la apertura democrática encabezada por Alfonsín la crisis económica (aumento de gasto público, endeudamiento, fuga de capitales, desinversión) se agudizó aún mas, llevándola inercialmente a un explosivo nivel hiperinflacionario en 1989[6] que hizo inviable su gestión política.

La coyuntura hiperinflacionaria sumada a la asfixia de la deuda externa, exigían celeridad en los compulsivos pagos de la misma, los cuales serían solventados, en el imaginario de los nuevos sectores dominantes como posible y única salida de la crisis, con la venta de las principales empresas estatales.

Una de las características centrales de los proyectos privatizadores de fines de los años 80´ radicó en que el gobierno buscó la asociación con intereses privados para ceder la conducción parcial de las empresas estatales a la espera de una mejora en la gestión. El Estado se reservaba en este proyecto, un rol estratégico, con representantes en el directorio y el derecho de controlar las principales decisiones. En este sentido, si bien bajo el gobierno democrático se propiciaron ensayos privatizadores, éstos no se llevaron a cabo por el creciente activismo de los partidos opositores y sectores divergentes.(Schvarzer, 2002).

Estas ideas privatizadoras serán retomadas y radicalizadas, en julio de 1989, luego de la asunción de Menem al poder, quien mediante la aplicación de las máximas del Consenso de Washington efectivizó la cristalización del poder de los grupos financieros concentrados a través de la completa entrega del patrimonio nacional.

II.2. El programa privatizador del menemismo

Teniendo en cuenta que la asunción de Menem se vio rodeada por un reciente caos hiperinflacionario, un endeudamiento creciente, pujas de fracciones financieras por cobrar sus créditos, y una masa en descontento, se sobredimensionó la creencia de una situación de emergencia, que sirvió como argumento para que el Congreso otorgara poderes especiales al Ejecutivo, bajo el marco de la necesidad prístina de achicar el Estado, cual era concebido como un administrador ineficaz, siguiendo con esto un proceso de desguace y redefinición del mismo, objetivo acariciado desde la dictadura militar bajo el lema del neoliberalismo y la apertura financiera, consolidado en la década del 90´.

Para proceder a achicar las facultades del Estado y su ingerencia sobre los activos públicos, se sancionaron dos instrumentos legales que concentraron en las manos de Menem un enorme poder de decisión: las leyes de Reformas del Estado (Ley 23.696) y de Emergencia Económica (Ley 23.697). Ambas conformaron el pivote principal sobre el cual se edificó el acelerado y abarcativo proceso privatizador transfiriendo las principales firmas estatales al sector privado, como así también, la apertura asimétrica de la economía a las corrientes internacionales de bienes y capitales y la flexibilización laboral. (Aspiazu, 2002)

Bajo la ley 23.696 se concedió gran concentración de poder al Ejecutivo quien estaba autorizado a intervenir en todas las empresas públicas, suprimir sus directorios y otros órganos de control, modificar su razón social hasta privatizarlas a través de la promulgación de decretos. El Dr. Roberto Dromi como Ministro de Obras y Servicios Públicos fue el encargado de llevar adelante el plan de venta de todos los activos del Estado.

La ley 23.697 concedía al Poder Ejecutivo posibilidades muy amplias de decisión, aunque menos ligada directamente a la política de privatizaciones. Esta ley derogaba todas las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional (de tal manera que permitía el ingreso de aquél a áreas privatizables antes restringidas) y suspendía el régimen de “compre nacional” que regía las operaciones de las empresas públicas.

Ahora bien, la implementación de estas dos leyes indica claramente por un lado la fuerza de la concentración del poder como herramienta del cambio; y por otro lado, la importancia que presenta en la esfera de toma de decisiones políticas, la ingerencia del sector empresarial altamente concentrado y centralizador del capital, que venía beneficiándose gracias a un proceso de desindustrialización y reprimarización[7] de la economía Argentina. Este bloque económico dominante cristalizó al calor del plan de privatizaciones llevado a cabo durante la época menemista.

Consolidada la idea de que la única salida a la crisis de la deuda era entregar los activos públicos, se llevó a cabo una política de dolarización que beneficiaba al capital acreedor: esto se logró mediante el Plan de Convertibilidad en 1991. Es decir, con el argumento de capitalizar la deuda externa, los sectores concentrados dentro de la estructura económica se beneficiarían de una moneda fuerte equiparada al dólar con vistas a las leoninas utilidades que darían la venta de las empresas nacionales. La convertibilidad, si bien benefició a éste sector, actuó en desmedro de toda actividad productiva ya que, dada la paridad con el dólar, se encarecieron los costos de producción in situ promoviendo, de esta manera, la importación de bienes manufacturados.

Evolución de exportaciones

Fuente: Elaborada por Mansilla, D. en base a datos del INDEC, 1989 = 100

Dentro del marco del avance neoliberal, de los mecanismos de integración local que actuaron profundizando la desindustrialización y reprimarización de las exportaciones y del aparato productivo nacional, las medidas desregulatorias referidas al sector petrolero tuvieron como objetivo redefinir el rol de los hidrocarburos dentro del entramado productivo nacional negando su valor estratégico.

III. PRIVATIZACION Y DESREGULACIÓN DE YPF

III. 1. Historia del Petróleo

Para introducirnos al tema de los hidrocarburos debemos hacer un corto recorrido histórico, para poder entender los cambios sufridos, resultantes de las distintas políticas económicas aplicadas o de las concepciones ideológicas orientativas de tales políticas.

La historia petrolera comenzó en 1907 cuando un grupo de operadores nacionales descubren la existencia de petróleo en Comodoro Rivadavia. A partir de entonces la historia de los hidrocarburos se debatió por una parte entre los ataques de los grandes trusts petroleros por adueñarse de estos recursos y los intentos de defender la soberanía nacional por parte del Estado. A su vez, también se desplegó la disputa de la propiedad eminente de los yacimientos entre las provincias que presionaban por su federalización y la Nación, que intentaba que la propiedad de la tierra no se fragmentara.

En el año 1922 se creó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, bajo la concepción estratégica de su presidente, el General Mosconi, principal propulsor de una política de nacionalización de los hidrocarburos como forma de obtener una independencia económica en contra de los trusts internacionales. YPF en cuanto sociedad petrolera estatal constituyó una novedad mundial (ampliamente elegida como modelo) y fue concebida como una empresa totalmente integrada, vertical y horizontalmente, cuyo objetivo principal consistía en favorecer el desarrollo del país de forma integral y regionalmente equilibrada.

Si bien entre los grupos dominantes había un consenso general del carácter de recurso estratégico del petróleo y de su potencial para el desarrollo del país, las diferencias estribaban en la cuestión de quien debería llevar a cabo la explotación de los mismos y de qué manera se repartirían los beneficios (Estado, provincias, empresas).

La primera arremetida a YPF se dio en 1930, cuando el golpe militar de Uriburu echó por tierra la idea de nacionalización de los hidrocarburos con el arresto del Gral. Mosconi. No obstante, el petróleo siguió siendo reconocido como fuente de desarrollo. Luego de la gran crisis del 30´ y debido a la imposibilidad de importar productos, comenzó a desarrollarse en nuestro país una industrialización por sustitución de importaciones, por lo que los hidrocarburos adquieren gran importancia como insumos de esa incipiente industria.

Durante el gobierno peronista, se retomó el camino hacia la nacionalización del petróleo plasmado en la Constitución de 1949, siendo el Estado, el que determinaba el perfil nacional de inversiones, producción, consumo y de los precios en todas las etapas del ciclo de los hidrocarburos. Sin embargo, las extracciones petroleras resultaban insuficientes para abastecer la creciente demanda del mercado interno, lo que hizo necesario importar combustibles poniendo en evidencia la acentuada dependencia energética del país. En este marco, Perón intentó buscar una “contradictoria” solución por medio de los contratos de explotación con la Estándar Oil de California que inmediatamente fueron anulados por el golpe militar que lo derrocó.

Durante el gobierno de Frondizi la falta de autoabastecimiento petrolero condujo a que éste también buscase la apertura del mercado de los hidrocarburos a las empresas privadas internacionales, aunque sólo para la extracción de petróleo, ya que YPF continuaba teniendo el control del resto de los eslabones productivos. Estos contratos fueron anulados posteriormente por el presidente Illía, dado que ataban el precio interno a los internacionales.

La Ley de Hidrocarburos (17.319/67), sancionada bajo la dictadura de Onganía y todavía hoy vigente, permitió nuevamente la concesión de contratos de exploración y explotación a las empresas privadas, manteniendo así mismo el Estado un destacado papel en el mercado petrolero dado que garantizaba el autoabastecimiento por sobre la exportación y, a su vez, el Ejecutivo se reservaba el derecho de fijar el precio de comercialización interna.

Luego de la crisis de 1973, dado que el petróleo era considerado estratégico como insumo para la industria y el transporte, su precio se mantuvo en un bajo nivel a pesar del aumento del precio internacional.

Ya instaurada la dictadura cívico-militar en 1976 comienza a cambiar el carácter estratégico de los hidrocarburos, preparando el terreno para llevar a cabo su privatización.

La política de Martínez de Hoz, comenzó por destituir a la dirección de YPF y colocar a directores civiles concomitantes con los intereses del régimen, paralelamente a la consecuente baja de salarios que no sólo actuó en desmedro de los trabajadores, sino que también, provocó la fuga de profesionales. Se procedió a una disminución progresiva del precio del combustible mientras que los precios internacionales estaban en alza. Así los precios al público se mantenían bajos afectando los ingresos de YPF y, además se la condujo progresivamente, a un endeudamiento a través de los créditos otorgados por el extranjero, aún cuando no lo necesitaban. Se endeudó en ese entonces por 6000 millones de u$s. A su vez, a través de la apertura a licitación, alrededor de una veintena de grupos de empresarios ingresaron a la actividad petrolera local. Entre 1977 y 1982 se transfirieron a la actividad privada un total de 25 yacimientos de YPF (Bernal, 2006).

A partir de 1985, durante la presidencia de Alfonsín, se intentó llevar adelante el llamado Plan Comodoro Rivadavia-Houston, mediante el cual se otorgarían áreas en licitación para la exploración privada con el objetivo de se aumentaran las reservas. Por la falta de inversiones de riesgo, dicho plan no funcionó quedando por cuenta de YPF el grueso de las inversiones.

Durante sesenta y nueve años, y a través de la existencia de gobiernos de muy diversos signos ideológicos, siempre hubo una coincidencia general de que los hidrocarburos no podían ser entregados al dominio privado bajo ninguna circunstancia, y aun cuando se efectuaron concesiones que fueron anuladas por su posible ilegitimidad, el dominio de YPF siempre prevaleció. No sólo era considerado una empresa de comprobada eficiencia sino también un símbolo de la soberanía nacional. (MORENO, 2007)

III. 2. Privatización y desregulación

Uno de los argumentos centrales, esgrimidos por los sectores dominantes y la clase política, para promover y poner en práctica la privatización de empresas públicas consistía en que era necesario revertir tres de las principales restricciones centrales que caracterizaban la economía Argentina en la década de los 80´: un fuerte desequilibrio fiscal, la deuda externa y un profundo déficit en materia de formación de capital.

Mediante los Decretos 1055/89 y 1212/89 el Estado Argentino se hizo a un lado de todo tipo de control y regulación de la empresa YPF, ya que, “la política del Gobierno Nacional en materia de hidrocarburos se basa en la desregulación progresiva e integral de la actividad”, (Decreto 1055/89) logrando de esta forma dar efectividad y libre ingerencia a las fuerzas del mercado. Así el Estado ofuscó el valor estratégico del hidrocarburo, negando su importancia en el desarrollo industrial futuro de la nación y a su vez, dejando de ser beneficiario de la captura de la Renta Petrolera por un lado y dejando de tener todo tipo de control sobre las reservas existentes de hidrocarburo y sobre su uso racional por el otro lado. El hidrocarburo fue transformado en una commodity exportable más.

III. 3. La Renta Petrolera

Aproximación al concepto de Renta y de Renta Diferencial

El concepto de la renta petrolera y los actores que intervienen en la apropiación de la misma, merecen un análisis detallado y profundo que explique el origen de ésta y las causa por las cuales, para cifras del 2006, un barril de petróleo cuyo costo no supera los 6 u$s se vende a 75 u$s (Mansilla, 2005).

El concepto de “renta diferencial” (David Ricardo) define que “la renta es aquella parte del producto de la tierra que se paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo” de manera que para que exista una renta diferencial es necesario, sí y solo sí, las condiciones no homogéneas del suelo dada las diferentes fertilidades. Ahora bien, la renta no proviene de la naturaleza por sí misma, sino que es necesario que las fuerzas de la naturaleza puedan ser apropiadas de forma privada, es decir, es la propiedad privada de los recursos naturales lo que genera renta. Según Marx “dondequiera que las fuerzas naturales son monopolizables y aseguran al industrial que las emplea una ganancia excedente (…) nos encontramos con que la persona que por su titulo sobre una porción del planeta puede alegar derecho de propiedad sobre estos recursos naturales se apropia de esta ganancia excedente (…) en forma de renta” (Marx, 2000: 717).

El precio de mercado será el “precio de producción” que permita la explotación de la tierra menos productiva (pozo, mina etc.) otorgando la rentabilidad media a los capitales allí invertidos. El resto de las tierras mas fértiles obtendrán un excedente en forma de ganancia extraordinaria por sobre la ganancia media del capital invertido gracias a su fertilidad diferencial. Por lo tanto, la renta se define entonces como “la ganancia extraordinaria” por sobre el costo de producción y la ganancia normal que es apropiada por el dueño del recurso natural (Mansilla, 2007:103), en el caso de los hidrocarburos, la renta petrolera diferencial se define como la diferencia entre la productividad de cada yacimiento en particular y el “pozo marginal mundial”. El precio internacional debería ser el “precio de producción” (extracción) de ese pozo marginal mundial que permita valorizar los capitales invertidos en él, a la rentabilidad media. Los pozos con una productividad mayor a la media obtendrán un excedente en forma de renta diferencial.

Es necesario señalar que los pozos con una mayor rentabilidad obtendrán una ganancia que será apropiada en forma de renta por quien ejerza el poder de “terrateniente” y dueño de los yacimientos, en ese caso el beneficiario será el Estado Argentino ya que la Ley 17.319 (antes de la desregulación) establecía que “los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional”. La inalienabilidad e imprescriptibilidad significa que esos bienes están sustraídos al comercio jurídico privado.

Renta Petrolera Absoluta de Monopolio

En el caso de los hidrocarburos es incorrecto hablar del precio internacional como el costo del pozo menos productivo, ya que el precio internacional dista de ser competitivo de mercado. Su condición de insumo estratégico clave y de recurso natural no renovable sumado a la concentración a nivel mundial que detentan las empresas y países (estos últimos nucleados en la OPEP) permiten un manejo monopólico de los hidrocarburos abandonando una variable específicamente económica para convertirse en una variable especulativa y política.

Este poder de mercado por parte de los actores mencionados permite que el precio internacional permanezca por encima del “precio de producción” por lo tanto se generan ganancias extraordinarias por encima de las rentas diferenciales. En efecto, la renta en el caso de los hidrocarburos no solo es “diferencial” sino que incluye también “renta absoluta de monopolio”, generada por la diferencia entre el precio internacional y el “precio de producción” del pozo marginal. (Mansilla, 2007:105)

No pueden separarse los importes que se desprenden de la “renta diferencial” y la “renta absoluta de monopolio” porque los mismos son percibidos de manera simultánea por el propietario pero es dable realizar una distinción para mejorar el análisis de estudio de la renta.

La diferencia entre los precios de la extracción de cada yacimiento particular y el del “pozo marginal mundial” se denominará Renta Petrolera Diferencial. Este seria el precio en un mercado competitivo normal. La diferencia entre éste y el precio internacional será la Renta Absoluta de Monopolio.

Aclaraciones conceptuales

Para llegar a un cálculo aproximado de la renta petrolera argentina se deben conocer los costos de la industria petrolera. El problema es que éstos han sido ocultados intencionadamente por las empresas luego de la desregulación de 1989. Sin embargo se puede estimar, según Mansilla, utilizando datos oficiales de Repsol (principal empresa extractora de Argentina). Según su balance (2004), el costo del barril de petróleo en 2004 fue de 5,3 dólares (sumando el "finding cost" y el "lifting cost", que incluyen tanto los costos de la extracción, de la exploración y de desarrollo, así como los sueldos pagados). Suponiendo que los costos se mantuvieron en el 2005 y agregándole un "mark-up" de ganancia del 30% arroga un importe de venta de 6,9 dólares por barril.

Comparando este importe con los 56,5 dólares del precio internacional promedio del año 2005 la renta fue de 49,6 dólares por barril. Esto significa que la renta petrolera argentina llegó en el 2005 a los 12.000 millones de dólares (37.000 millones de pesos).

Distribución de la Renta Petrolera Argentina

El Estado Nacional recauda retenciones del 45% sobre el petróleo extraído que es exportado (unos 54 millones de barriles) y cobra a las empresas una alícuota del 35% de Impuesto a las Ganancias lo

que nos arroja un importe de 3.200 millones de dólares (el 26% de la renta).

Las provincias petroleras cobran regalías que, según la ley, debieran ser del 12%. Sin embargo, el importe sobre el que se calcula ese porcentaje sufre una serie de descuentos (principalmente las retenciones, costos de transporte y diferenciales de calidad) por lo que la alícuota real no supera el 9% del valor de venta. Por tanto, las provincias obtienen 763 millones de dólares (el 6% de la renta). Sumando el sector público, apenas se obtiene el 32 % de la renta petrolera.

Como las petroleras venden a las refinerías el petróleo al precio internacional descontando las retenciones, parte de la renta petrolera es transferida a las naftas y otros subproductos. Esta diferencia representa unos 4.775 millones de dólares (el 40% de la renta). Pero ¿quién se apropia de esta renta? ¿Los consumidores o las refinerías? Este tema merece una investigación en particular, pero podemos " aventurarnos" a adelantar que esta renta se distribuye entre ambos, quedándose las empresas con la mayor parte. Sucede de este modo, ya que si bien las naftas no se venden en Argentina a precios internacionales, claramente los precios internos no se corresponden con los costos. De manera que se pagan las naftas mucho más caras que el resto de los países no-importadores (0,63 dólares el litro contra 0,06 en Venezuela ó 0,48 en Bolivia, por ejemplo). Además, las refinerías exportan a precios internacionales el 50% de las naftas obtenidas.

El resto, nada menos 3.312 millones de dólares (el 28% de la renta) es apropiado por las empresas petroleras extranjeras que manejan el petróleo Argentino desde 1989. Este es el importe que obtienen las empresas que, como parte de la renta, corresponde legítimamente al estado nacional argentino como señalamos oportunamente.

Distribución de la Renta Petrolera

Fuente de elaboración propia sobre datos extraídos de Mansilla, D. (Mansilla, 2007)

Por sus "inversiones" de capital, las empresas ya obtienen la "ganancia normal". Sumando ambos importes las petroleras obtienen las ganancias del 287% sobre sus costos. Cuesta creer que las empresas necesiten subsidios para poder extraer petróleo de manera rentable. Además, a este importe se le debe sumar la parte de la renta apropiada por refinadoras y distribuidoras (que en su mayoría son las mismas empresas petroleras).

III. 4 Desregulación Estatal sobre las reservas: un horizonte en crisis.

Con la privatización y especialmente, con la desregulación estatal del sector hidrocarburífero, las empresas privadas que lo detentan tienen la libre ingerencia y disponibilidad del recurso energético, tanto del que extraen como el de reserva. Esto significa que el Estado no tiene control del “horizonte de reservas” (cantidad de años de extracción que permiten las reservas) con que se cuenta en el país, aunque, sólo verifica dicho horizonte mediante información estimativa enunciada en una declaración jurada confeccionada por la empresa y presentada ante la Secretaría de Energía, siendo estos datos poco certeros. Ahora bien, dada la falta de conocimiento real, todo análisis de las reservas se convierte en un análisis a proxi o estimativo.

Observando los gráficos proporcionados por Mansilla*, tanto en relación al petróleo como al gas natural, podemos observar dos grandes caídas de las reservas tanto en 1989 como en los sucesivos años del 2000. En este sentido el “horizonte de reservas” para el petróleo cayó de 14 años a 9 años en 1989 y a 8 años para el 2005 , y en el caso del gas natural éste cayó de 36 años a 33 años en 1989 y a unos 8 años para el 2005. Ante la pregunta de que es lo que ha ocasionado tal grave caída, se vislumbran dos interpretaciones.

Extracción – Reservas – horizontes de reservas (petróleo)

Fuente: elaborada por Mansilla, D. sobre datos de la secretaría de energía

Extracción – reservas y horizontes de reservas (gas natural)

Fuente: elaborada por Mansilla, D. sobre datos de la secretaría de energía

La primera de ellas intenta clarificar la situación para 1989, año en que YPF fue valuada para ser vendida. En este sentido la caída de las reservas puede ser interpretada por la ingerencia de la consultora privada Gaffney, Clines & Asociados, quien subvaluó las reservas subvaluando, de este modo, el precio de la empresa, beneficiando enormemente a los sectores privados adquisidores de la misma. No es de extrañar la rápida recuperación de las reservas más visiblemente e el caso del petróleo, tal como observamos en el gráfico, una vez consumada la venta.

La segunda interpretación explica la drástica caída de reservas para el año 2000 en adelante, como respuesta a la falta de inversión del sector privado, para descubrir nuevos pozos y realizar nuevas perforaciones, (estas se apoyan en las inversiones de riesgo ya realizadas por la petrolera estatal), así como paralelamente, por la aceleración de la extracción y exportación de los recursos. La extracción ha aumentado un 51% para el petróleo y 150 % para el gas en sólo 15 años.

Evolución extracción – exportación petróleo

Fuente. Elaborada por Mansilla D. sobre datos de la secretaría de energía 1989 = 100.

Consumo interno – Exportación de gas natural

Fuente. Elaborada por Mansilla D. sobre datos de la secretaría de energía.

Es más, la maximización de la extracción corrió de la mano del aumento de la exportación del hidrocarburo pero sin procesado o refinamiento, como podemos observar en el gráfico siguiente, perdiéndose eslabonamientos en la cadena productiva interna.

Esta situación fue revertida luego del fin del Plan de Convertibilidad dado que las petroleras prefirieron exportar naftas en vez de petróleo crudo, debido a la reducción de los costos locales, por la depreciación del peso argentino, que favoreció el refinamiento del crudo in situ, por un lado, y a las diferentes retenciones. Hasta el 2007, mientras que el crudo llegó a tributar el 31% (con una alícuota del 45%), las naftas apenas pagaban el 5%.

Distribución valor agregado por sectores

Fuente elaborada por Mansilla. Fuente: MIP 73 Min. Economía. (Mansilla 2007)

Exportaciones de Petróleo y Naftas

Elaborado por Mansilla. Fuente: Secretaría de Energía. (Mansilla, 2007)

En cuanto a los pozos de reservas, y observando el gráfico, podemos clasificar tres tipos de ellos:

a)- Pozos de exploración: estos se realizan en busca de nuevas reservas y su riesgo minero es muy alto dado que se realizan sobre informes de compatibilidad geológica.

b)- Pozos de avanzada: su riesgo minero es medio, ya que se realizan con el objetivo de delimitar las reservas en las zonas donde ya se conoce la existencia de hidrocarburos.

c)- Pozos de explotación: su riesgo minero es muy bajo ya que de aquí se encargan de extraer el hidrocarburo que se sabe con seguridad de su existencia.

El gráfico siguiente, nos muestra como los pozos de explotación, sin riesgo, han aumentado en un 56% en 16 años (1989-2005), mientras que los de avanzada marcan un estancamiento, y los de exploración caen estrepitosamente. Estadísticamente, mientras que en 1989 el 12,1% de los pozos perforados eran de exploración, en el 2004 sólo son perforados el 3.1% . Por el contrario, los pozos de explotación pasaron de un 73.8% para 1989 a un 86% en 2004.

Pozos perforados totales

Fuente: elaborada por Mansilla, D. sobre datos de la Secretaría de Energía.

En conclusión, dichos análisis, sobre la base de estadísticas y gráficos, no solo nos evidencian una marcada crisis energética por la caída del horizonte de reservas y el aumento de las exportaciones del recurso, sino de un cambio drástico sobre la consideración de los hidrocarburos no ya como recurso estratégico para el desarrollo y el desenvolvimiento de toda sociedad prospera, sino como un bien mercable más o una commodity. En este sentido, cuando el Estado controlaba la actividad petrolera, el objetivo estratégico era lograr el abastecimiento del consumo interno del país y reinvertir una parte de las ganancias de la empresa en exploración de manera de lograr un horizonte de reservas que asegurara este insumo estratégico por un plazo razonable; quedando el resto de las ganancias en el erario público. Con la desregulación estatal, las empresas privadas dejaron de invertir en exploración, apropiándose así de la inversión realizada previamente por el Estado, y aumentando la extracción del crudo por encima de las necesidades del país, para lograr así un saldo exportable que incremente sus beneficios pero a costas de agotar nuestro recurso. Además del agravante de que la renta petrolera, en su mayoría, queda depositada en las casas matrices de las empresas privadas. (MORENO, 2008)

III. 5 Modelos alternativos de política energética

Frente a la política energética hegemónica llevada a cabo en Latinoamérica se pueden apreciar diferentes alternativas con arreglo a la apropiación de la renta petrolera por parte de los Estados nacionales y la utilización del petróleo como recurso estratégico abandonando las directrices del neoliberalismo y las políticas de éste.

En el caso de Bolivia, las empresas privadas actuaron como propietarias de los recursos naturales. Pero el 1 de mayo de 2006, el gobierno boliviano ocupó tanto a los yacimientos como a las refinerías a través del ejército, implantando la bandera nacional.

En Ecuador se llevó a cabo una política de recuperación de la renta petrolera, nacionalizándola y estableciendo una participación en partes iguales entre el Estado y las petroleras sobre el total del petróleo extraído en el país. (Herrero, F. en Le Monde Diplomatique, febrero 2008).

La legislación venezolana de hidrocarburos se sustentó en un amplio conjunto de normas jurídicas establecidas en la constitución. Es resultado concreto de un proceso histórico de carácter jurídico, que se inició con el antiguo reglamento de Carbón, Petróleo y Sustancias similares de 1918 que continúa hasta nuestros días, fortalecidas por la égida del presidente Hugo Chávez, la cual implica darle prioridad al desarrollo de las empresas y capitales venezolanos sin menospreciar el aporte que pueden hacer los inversionistas y las empresas extranjeras. Dicho esto, es importante recalcar que la política nacional busca inexorablemente consolidar el complejo industrial, el capital nacional y la participación empresarial venezolana. (Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 8, Nº 2).

El modelo de recuperación de Rusia fue completamente diferente a los anteriores, ya que mediante la reversión de las concesiones por incumplimientos varios, llevando así a que las empresas privatizadas pasen a manos estatales. El proyecto de política energética rusa, elaborado a comienzos de 2003, se trata de un documento detallado que pone énfasis en la potencialidad energética derivada de la dotación de recursos como una palanca principal de su política económica, social y general, basándose en el poder y la propiedad del Estado. (Mieres, F., Política energética rusa / Soberania.info, febrero 2004).

Los hidrocarburos y la política energética en Brasil es un caso paradigmático dentro de América Latina, ya que a través de la empresa estatal petrolera, Petrobras, el país logró posicionarse entre los principales países productores y exportadores de Petróleo, aumentando sus reservas casi en un 50% gracias al descubrimiento de yacimientos, mediante inversiones de alto riesgo en alta mar. Petrobras, es una empresa controlada por el Estado brasileño y su director es nombrado por el presidente de la República.

En los últimos tiempos, Petrobras confirmó la existencia de un enorme yacimiento con reservas estimadas en 5.000 a 8.000 millones de barriles de petróleo liviano y gas natural en un nuevo horizonte geológico situado en la Cuenca marítima de Santos, frente a San Pablo. El yacimiento, denominado “Tupí”, fue encontrado en una pequeña parcela donde Petrobras opera con otros bloques, algunos en sociedad con empresas privadas. Ese volumen es suficiente para aumentar en un 50% las reservas probadas actuales de hidrocarburos en Brasil. Petrobras opera en el área y posee el 65 %, la británica BG 25% y la portuguesa Petrogal – Galp, un 10%. Los estudios revelan un área con potencial para ser una nueva provincia petrolera mundial, que, de confirmarse, convertirán a Brasil en un país exportador de petróleo. El país podría ubicarse entre las reservas petroleras de Nigeria y las de Venezuela. Nigeria, es uno de los miembros del OPEP y dispone de unos 36.000 millones de barriles, y Venezuela, también gran influyente socio de la OPEP, se ubica en unos 80.000 millones de Barriles.

En cuanto al descubrimiento del yacimiento, el presidente Lula da Silva, afirmó que no cambiará su política de biocombustibles y de una matriz energética con muchas alternativas. Tampoco cambiará sus relaciones con los países vecinos, en especial con Bolivia, ya que es su principal proveedor de gas natural. Además, Brasil se posiciona dentro de los principales productores de etanol, y se aspira a que el alcohol sea una alternativa a los derivados del petróleo. (Periódico de México, noviembre de 2007)

A lo anteriormente mencionado se agrega, un nuevo hallazgo de un yacimiento de crudo en aguas profundas, descubierto por Petrobras en el campo denominado Carioca, en el estado de Río de Janeiro. Sus reservas se estimarían en 33.000 millones de barriles, y sería el mayor descubrimiento de los últimos 30 años y el tercer mayor campo del mundo en la actualidad.

Estos descubrimientos colocarían a Brasil en un futuro, en condiciones de ingresar a la OPEP, siendo Venezuela y Ecuador los únicos miembros latinoamericanos por el momento. (Periódico de México, abril de 2008).

Brasil tiene una política petrolera muy exitosa desde hace una década y esto se debe a que ha hecho una amplia convocatoria al capital privado para explorar su plataforma marina bajo el liderazgo de Petrobras. La clave de este descubrimiento está en las fuertes inversiones en exploración.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, creemos pertinente destacar brevemente los puntos centrales de esta investigación para enmarcarlo dentro de nuestro objetivo principal que ha sido examinar como los recursos hidrocarburíferos han pasado de ser un recurso estratégico a ser una commodity de exportación sin valor agregado.

Este proceso estuvo encuadrado dentro de la implementación del nuevo modelo de acumulación, iniciado durante la década del 70´ y profundizado durante los 90´, en el cual el sector petrolero y sus derivados sufrieron los mismos cambios que el sector de la industria en general. Este cambio en el de patrón de acumulación está signado bajo la nueva lógica de mercado, basado en la valorización financiera.

El paso de “bien estratégico” a “bien de naturaleza comercial” fue una decisión de profunda relevancia que marcó el camino de la privatización en la argentina. La conversión del petróleo en una commodity cualquiera no se declaró ni se anuncio por ley, la venta de las empresas energéticas repitió las características del resto de las privatizaciones. (Herrero, 2008)

Las medidas que revolucionaron el status quo del sector y generaron las condiciones y características del nuevo mercado petrogasífero fueron buscadas intencionalmente (por legislación directa o por falta de regulación) por estas leyes y decretos, como parte del abandono del significado estratégico del petróleo y de toda la estructura industrial en general para el nuevo modelo de acumulación que se impuso en nuestro país.(Mansilla, 2007:158)

Podríamos enumerar los puntos más relevantes de dicho proceso en los siguientes ítems:

- La Argentina ya no dispone de sus recursos, consecuencia de la implementación acérrima de las máximas del Consenso de Washington y el consiguiente abandono del Estado en la dirección de la economía y la administración de los recursos no renovables. No hay antecedentes a nivel mundial de un saqueo de semejante envergadura.

- La renta petrolera se encuentra en su totalidad en manos de las firmas trasnacionales que transfieren las ganancias al exterior violando de manera sistemática y permanente la Constitución anterior a la desregulación, la cual establecía la inalienabilidad y la imprescriptibilidad de los recursos naturales. Por lo tanto, la venta de los activos de YPF es ilegal e inconstitucional de acuerdo a la ley 17.319.

- Consideramos los recursos hidrocarburíferos como un bien estratégico clave, no renovable, finito y con expectativas de reservas de corto plazo. La importancia de este recurso a nivel mundial ha desatado en los últimos años guerras devastadoras por el control del mismo. Actualmente los países mencionados en esta investigación han considerado el rol relevante del Estado sobre los recursos y la renta de los mismos, implementando medidas orientadas a la mayor captura de la renta petrolera.

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[1] Colocación de excedente por parte de las grandes firmas en diversos activos financieros (título, bonos, depósitos) en el mercado interno e internacional.

[2] Remite al peso relativo que tienen las mayores firmas de un sector de actividad en el conjunto de la producción del mismo.

[3] Se vincula con aquellos procesos por los cuales un núcleo determinado de empresas y/o conglomerados económicos acrecienta su control sobre los medios de producción que dispone una economía, a partir de la expansión de su presencia en uno o múltiples mercados sobre la base de una reasignación del stock de capital existente.

[4] Este nuevo bloque económico no sólo fueron y son propietarios de numerosas y grandes empresas, sino también controlan conglomerados de firmas que actúan en los más diversos sectores económicos en desmedro de las pequeñas y mediadas empresas. (Aspiazu, 2002)

[5] En 1982 la crisis de la deuda externa se manifiesta en toda América Latina a partir de la moratoria mexicana. (Basualdo, 2006) Por parte de EE.UU. se inicia entonces una política de Estado destinada a preservar a su sistema financiero de un eventual colapso provocado por la moratoria de los países latinoamericanos, siendo su principal objetivo que los bancos trasnacionales dejaran de ser los principales acreedores de la región. A su vez retiraron sus capitales.

[6] Teniendo como referencia a Aldo Ferrer, entre febrero y agosto los precios subieron 1.700%, el tipo de cambio se devaluó casi 4 veces y los salarios reales cayeron un 30%. La monetarización de la economía se desplomó y la fuga desde el austral hacia el dólar sancionó la debacle del sistema monetario. (Ferrer, 2007).

[7] La reprimarización alude a la producción y exportación con escaso o nulo valor agregado.

* Diego Mansilla es Licenciado en economía política del CCC y de la Cátedra Arturo Jauretche de la FCE de la UBA.