¿Hacia un desarrollo estratégico?
La nacionalización de los hidrocarburos a la boliviana
“Lenin proponía soñar con los ojos abiertos, lo que significa tener la capacidad de ver el horizonte estratégico, pero saber manejar la táctica”
Álvaro García Linera
Introducción
Uno de los fundamentos principales de la tesis desarrollista postula que las economías de los países subdesarrollados o periféricos necesitan sucederse por las etapas históricas que han transitado las economías centrales para lograr el desarrollo. La historia nos manifiesta que hasta el momento ningún país pudo salir del subdesarrollo por ese camino, pues el subdesarrollo no es una fase del desarrollo sino su consecuencia en la periferia, ya que el fenómeno del desarrollo es universal pero condicionado por la división internacional del trabajo que asigna a la periferia el papel de proveedor de materias primas con base en las ventajas comparativas, cuyas consecuencias son la especialización de una o pocas producciones, la dependencia económica y la pobreza estructural.
De este modo, la vinculación de las economías periféricas con el centro se ha articulado mediante el comercio exterior, expresando el caso boliviano de manera paradigmática ésta tesis. En consecuencia, en suelo boliviano han surgido y se han desvanecido los ciclos de explotación y exportación de la plata, el caucho y el estaño, sin lograr generar un desarrollo sostenido.
Las últimas noticias recabadas en los periódicos informan acerca de los grandes descubrimientos de reservas gasíferas en territorio boliviano, los cuales generan una gran expectativa y oportunidad para que el pueblo de Bolivia pueda emerger de su situación de atraso. Ahora bien, bajo el mando de Evo Morales esta oportunidad se ha traducido en el control por parte del Estado de este sector estratégico en miras de orientar los excedentes hacia la diversificación productiva e industrialización de los recursos a fin de revertir los problemas estructurales.
Desde el 2005 el gobierno del presidente Morales, y en este contexto, ha apostado a una mayor ingerencia del Estado en el sector hidrocarburífero que hasta el momento había estado controlado y usufructuado por empresas transnacionales. Con arreglo al Decreto Supremo nacionalizador Nº 28701 “Héroes del Chaco”, la nueva gestión hidrocarburífera revela una visión estratégica sobre los recursos naturales de acuerdo, no sólo a la elaboración y directriz de un proyecto establecido a mediano y largo plazo; sino también al aprovechamiento de una coyuntura regional políticamente establecida y económicamente prometedora ante el nuevo escenario de la demanda internacional de los energéticos.
Ahora bien, la historia hidrocarburífera boliviana da cuenta que en la actualidad no asistimos a la primera tarea nacionalizadora del sector sino a la tercera, ya que en dos oportunidades anteriores se ha emprendido tal tarea, la primera llevada a cabo por el gobierno de los generales Toro y Busch en 1936, y la segunda acaecida bajo el mando del general Ovando en 1969, dando cuenta de iniciativas, contextos, motivaciones y tácticas propias que se deslizaron hacia fracaso. Sin embargo, por tal fatídico pasado no debemos empañar los augurios de la actual nacionalización. La Tercera.
Entre el despojo y la recuperación
Una mirada retrospectiva de la realidad económica de Bolivia sugiere la comprensión de las limi-taciones históricas dadas por su estructura primario/exportadora. Pues Bolivia no gozó de las políticas estatales desarrollistas orientadas hacia la diversificación de las actividades económicas y la promoción de la industrialización de sus materias primas, como sí lo hicieron Brasil y Argentina durante la posguerra consolidando un tránsito desde un patrón primario / exportador hacia economías de desarrollo con base industrial.
La historia de América Latina en general y de Bolivia en particular se basó en los modos de explo-tación y concentración de sus recursos naturales. Su inserción en el mercado internacional se caracterizó por la importancia que han adquirido y las formas en que se han aplicado las políticas acerca de los mismos. En efecto, alrededor de estos recursos se ha organizado prácticamente toda la estructura económica, administrativa y social de Bolivia orientándose las inversiones, principalmente extranjeras, hacia ese sector de alta rentabilidad, desalentando la inversión en la promoción de nuevas actividades productivas.
Esta estructura propició la formación de un Estado débil[1] que no logró sostener políticas de desarrollo locales de largo plazo, desembocando generalmente en el devenir histórico en la organización de los intereses internos en función de las demandas del capital extranjero.
Las particularidades mencionadas han marcado también las características de la gestión de los hidrocarburos. Desde la primera perforación en 1913 hasta inicios del siglo XXI, la relación de los sucesivos gobiernos con el capital transnacional en materia de gestión de este recurso se ha caracterizado por el conflicto permanente, conduciendo precisamente a una historia cuasi cíclica enmarcada entre el despojo y la nacionalización.
La Primera Nacionalización de los hidrocarburos de 1936 da cuenta de este conflicto. Para ese año, el gobierno del general David Toro y Germán Busch (miembros de una fracción del ejército boliviano, respaldado por amplios sectores de la sociedad inmersos en una lógica nacionalista) dispuso la caducidad de las concesiones de la empresa extranjera Standard Oil[2] y la reversión de todos sus bienes al Estado, ya que la empresa brindaba cooperación directa e indirecta al Paraguay, país con el que se mantenía una guerra declarada en defensa del Chaco Boliviano, donde se suponía existían grandes reservas de hidrocarburos. Acusada de haber evadido impuestos y cooperar con el enemigo, la Standard Oil fue nacionalizada, creándose una empresa petrolera estatal autárquica y con autonomía de gestión: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
A pocos años de la nacionalización, la debilidad del gobierno de los generales Toro y Busch, la mala gestión de YPFB y la necesidad de capitales orientados a la explotación y producción de los hidrocarburos debilitó los clamores nacionalistas, ofreciendo a la Standard una indemnización por 1.500.000 de dólares.
En 1955 el gobierno del MNR[3] (Movimiento Nacional Revolucionario) debido nuevamente a la falta de capitales, estableció la apertura de la industria hidrocarburífera a la inversión extranjera directa, aunque fijando una estructura impositiva que gravaba al sector en un 11% en concepto de regalías y un 19% a la producción bruta. Debido a dicha apertura se establecieron 14 petroleras en el país, contando con el capital necesario para la exploración y explotación.
Hacia mediados del sesenta tras un golpe de estado respaldado por el capital transnacional, la Gulf Oil Company (operando en el país desde la apertura al capital extranjero en 1955), fue la empresa más beneficiada por el nuevo gobierno con el derecho a la propiedad y uso de los hidrocarburos, destacándose taxativamente el control y usufructo del 90% de la exportación del gas a la Argentina.
Estas atribuciones son esenciales para vislumbrar las directrices de la Segunda Nacionalización, im-pulsada por el ala cívico-militar nacionalista dirigida por el general Alfredo Ovando y Torres González al mando del poder en 1969. Particularmente, esta nacionalización residió en la indemnización a la empresa sólo en concepto de su inversión fija de capital. La misma se tradujo en la reversión al Estado de todas las concesiones y la nacionalización de los bienes de capital y no su expropiación, ya que la misma hubiera significado reconocer la propiedad de los recursos a la empresa.
Es necesario mencionar que para entonces YPFB era una compañía potencialmente activa y estruc-turada capaz de absorber la nacionalización, sin embargo ello no fue condición suficiente para sostener los niveles de producción y exploración, causando un congelamiento de la producción después de la salida de las empresas extranjeras.
Un nuevo episodio en la historia petrolera se dio con el gobierno dictatorial de Hugo Banzer en 1972, quién contando con el beneplácito de los EE.UU. en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, revirtió el proceso iniciado por Ovando, indemnizando a la petrolera Gulf con 61 millones de dólares y flexibilizando el monopolio estatal sobre los hidrocarburos, reabriendo el sector nuevamente a la inversión privada. De todos modos la carga tributaria que las empresas debían rendir al Estado se estipuló en un 50%.
La flexibilización del control estatal del sector se profundizó a partir de la década del ochenta en el marco de la adopción de las políticas económicas de corte neoliberal, cuyo fundamento fue la desre-gulación, liberalización y apertura económica como elementos que permitirían emerger del atraso económico y social.
Sería en el período 1993-1997 que el gobierno de Sánchez de Lozada, aplicando la receta neoliberal, emprendió la privatización del sector bajo el nombre de “capitalización”[4]; promulgó una nueva ley de hidrocarburos que permitió la transferencia total de la administración de YPFB a las empresas extranjeras; como así también la transferencia del grueso de su masa accionara, su mercado y usufructo de los excedentes generados por todo el sector.
Para hacer más atractivo al sector, que desde los ochenta sufrió una grave caída de su rentabilidad, se emprendió una reclasificación de los pozos a fin de establecer una nueva carga impositiva más prometedora para las empresas. Reclasificación que consideró a pozos existentes por nuevos, pagando 18% de regalías en lugar de 50%, favoreciendo a las transnacionales en detrimento del erario público, completando la estrategia privatizadora[5]. Asimismo se eliminó el impuesto a las utilidades, a las transacciones y el IVA. (Arze Vargas, 2004); y para el año 1996, con la aplicación de la Ley 1689, se benefició nuevamente a las empresas al otorgarles el control sobre los precios de los hidrocarburos en el mercado interno, dejando a los bolivianos inermes ante el incremento de los precios del kerosén, gas, gasolina y otros productos de consumo popular.
El ajuste estructural basado en los postulados neoliberales y el cumplimiento de las orientaciones del Consenso de Washington durante los noventa implicó una estrategia de apertura económica categórica, subordinación de las políticas públicas a los intereses particulares, desregulación financiera y privatización indiscriminada conduciendo de manera inexorable a enormes costos económicos y sociales.
Crisis y recuperación: el Nuevo Modelo
Una de las causas fundamentales que derivaron en la Tercera Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, decretada el 1º de mayo de 2006, fue la revuelta popular denominada “Guerra del Gas” en 2003. En esta oportunidad la movilización de cientos de hombres y mujeres derrocó no solamente al presidente de la república en ese momento, Sánchez de Lozada, sino a todo el sistema político vigente de los últimos veinte años, abriendo un horizonte de cambio económico y regional que se canalizó, en el gobierno del actual Jefe de Estado Evo Morales, con la puesta en marcha de reformas políticas, sociales y económicas, destacándose una nueva gestión de los recursos naturales.
La elección de Evo Morales, tras varios años de luchas en diferentes ámbitos, inauguró el éxito de los actores subalternos movilizados[6] que hasta el momento fueron profundamente despreciados y hoy son los principales aliados de un nuevo proyecto para Bolivia. Ahora bien, este nuevo proyecto se puede disociar en un nivel regional que propende hacia la integración estratégica contando con fuertes vínculos con Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador; a un nivel nacional el nuevo proyecto alienta la diversificación productiva e industrialización, al fortalecimiento del mercado interno y a sus actores sociales, primordialmente pequeños y medianos productores/empresarios, en aras de propiciar el transito de su economía primaria a una economía de base industrial/manufacturera.
Consecuente con el nuevo modelo, con los primeros frutos fiscales logrados por la nacionalización, quedó inaugurado el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como eje vertebrador del control e imple-mentación de las utilidades alcanzadas por el nuevo Estado. En líneas generales los objetivos del PND son el desarrollo de una industria petroquímica con miras a que esta actividad demande más mano de obra e incremente la presencia del Estado en la economía, un drástico cambio de la matriz energética,[7] y principalmente un rápido fortalecimiento de YPFB[8] a fin de que sea más activa en la producción y el mercado dentro y fuera de Bolivia.
Los ejes señalados son parte ineludible de una estrategia que propicia en el corto y mediano plazo la disminución de las clases mas bajas, el fomento de la alfabetización y escolarización y la incorporación de mano de obra en un contexto productivo de mayor valor agregado, y en el largo plazo, el nuevo proyecto propende a la transición de una lógica primario / exportadora a una economía industrial favoreciendo la independencia económica y la soberanía política.
De este modo, el orden instaurado en 2005 alteró significativamente el rol del Estado y su orientación económica. Evo Morales desde gobierno reconstruyó la presencia del Estado en la economía, amplió la base de derechos sociales, relanzó ámbitos de soberanía y ciudadanía en el marco de una estructura interestatal global más complejizada dando lugar a un extraordinario ensamble entre fuerzas sociales indígenas-campesinas-populares y fuerzas armadas, que a diferencia de lo que se intentó tiempo atrás bajo tutelaje militar ahora tendría el liderazgo de sectores indígenas populares. De acuerdo a lo mencionado, la nacionalización de empresas y el control del excedente económico por el Estado le aportan una base material a la soberanía relativa del Estado (García Linera, 2008).
Los hidrocarburos y fundamentalmente el gas, gracias a los últimos descubrimientos, se han conver-
tido en la base material con la que cuenta el Estado de Bolivia para llevar a cabo el nuevo proyecto en ciernes. Pues, como mencionamos, si hasta hace poco tiempo el recurso gasífero era prácticamente irrelevante, el descubrimiento de grandes reservas gasíferas[9], tan sólo en un 17% del territorio explorado, certificó un nuevo capítulo de oportunidades para el desarrollo del pueblo boliviano.
De esta manera, las medidas adoptadas para aprovechar la oportunidad representan una significativa modificación en los mecanismos de control y apropiación del excedente y, con ello de la estructura económica de poder de la sociedad, traducidas en el proceso de nacionalización iniciado 1º de Mayo de 2006 y complementado con el monopolio de la comercialización, el reordenamiento del mercado nacional, el control de la distribución, la fijación de volúmenes y precios y, por último, la potestad estratégica sobre la producción de los hidrocarburos nacionales inherente a la misma seguridad material del Estado y la sociedad[10].
La Tercera Nacionalización, cuenta principalmente con un horizonte estratégico organizador y vertebrador que direcciona sus excedentes, cuenta con las experiencias de sus predecesoras iniciativas nacionalizadotas y con un contexto regional político-económico excepcional, tendiente hacia la integración- colaboración y la fortaleza de un mercado en creces en un contexto de precios en alza de los energéticos. El desafío en tanto será, saber manejar la táctica y atender a las señales de la realidad.
La política de lo real
La nacionalización de los hidrocarburos de los 30’ y 60’ mostraron el fulgor de una avanzada nacionalista que no estaba dispuesta a negociar y a dar concesiones al capital trasnacional, que había actuado en el transcurso de la historia republicana boliviana como dueño de los recursos naturales in situ. Ahora bien ¿Podría la Tercera nacionalización realizarse siguiendo las líneas de sus predecesoras iniciativas, teniendo en cuenta el penoso grado de descapitalización del Estado boliviano, el alto grado de dependencia económica de las inversiones extranjeras y programas de ayuda económica; como la importancia significativa de los mercados regionales en la generación de divisas y relaciones bilaterales? .
La última Nacionalización de los hidrocarburos bolivianos lejos de obedecer a la euforia antiimperialista de sus precedentes[11], se organizó de una manera muy particular de acuerdo a las posibilidades y limitaciones presentadas en la coyuntura regional e interna del mercado hidrocarburífero de los últimos tiempos. La misma se planteó potenciar estratégicamente los mercados existentes, los flujos de inversiones y las utilidades generadas, no ya a favor de las empresas trasnacionales, sino a favor del pueblo boliviano a través del Estado.
Desde la crisis de la economía basada en la extracción del estaño en el año 1985[12], siendo este mineral uno de los principales e históricos rubros exportables de Bolivia desde principios del siglo XX, los hidrocarburos se presentaron como la palanca que permitiría palear los años de crisis. Ya para fines de los 90’ principalmente el sector gasífero privatizado, representó el grueso de las exportaciones bolivianas y la actividad que más cantidad de inversiones extranjeras recibía, como también la actividad que más divisas generaba para el Estado que se apropiaba del 18% de la renta en materia de regalías.
El descubrimiento de numerosas reservas gasíferas hacia el año 97’ fomentó la importancia del sector, que comenzó a ser inundado de inversiones extranjeras para la construcción de gasoductos que permitían la comercialización del gas en la región. Destacándose entre las inversoras, Repsol YPF y Petrobrás.
Principalmente Petrobras fue la empresa que mayor rol protagónico tuvo en el sector desde entonces, ya que controlaba cerca del 46% de las reservas de gas natural en territorio boliviano, el 75% de su exportación a Brasil, el 95% de las refinerías, el 100% de la gasolina y el 65% del diesel comercializado en Bolivia; y aportaba el grueso de las inversiones extranjeras directas que Bolivia recibía[13]. En cuanto a los niveles de exportación al momento de la nacionalización, las reservas gasíferas bolivianas se calculaban en 48.5 trillones de mm3, siendo el mercado brasileño proveído diariamente por Bolivia con 28 millones de mm3 de los 40.6 mm3 diarios de gas que Brasil consumía. El mercado argentino era proveído con cerca de 7.7 millones de mm3 diarios.
Teniendo en cuenta la importancia de este mercado regional y de las divisas generadas por la comercialización del gas, en un contexto de precios en alza históricos, la nueva nacionalización se presentó de una manera táctica-estratégica. Pues Bolivia presenta un potencial gasífero extraordi-nario, que la convierte en un valor económico, geopolítico e histórico sin igual, debiéndose para ello potenciar esa coyuntura favorable para generar el nuevo proyecto estratégico nacional, así como también aprovechar el nuevo contexto de posibilidades de integración y complementación económica y política con los gobiernos de los países vecinos, principalmente sus grandes compradores Brasil y Argentina. (Paz Rada, 2009)
De esta manera, la nacionalización hizo provecho de los mercados regionales a través de una presencia activa del Estado mediante YPFB en el sector, desplazando la hegemonía del capital trasnacional, pero no desdeñando su importancia[14]; ya que como se señaló, el rol protagónico es detentado ahora por el Estado nacional, constituyéndose las empresas privadas en socias y no ‘dueñas’ de los energéticos. Pues en adelante el Estado dejó sin vigencia a numerosas petroleras y restituyó a YPFB el control del sector, debiendo las empresas privadas que podían seguir operando en el país, entregar toda su producción a la empresa estatal.
Ahora bien, no sólo la nacionalización significó un golpe a las transnacionales en materia de explotación y control de la comercialización del gas; sino que también significó un golpe al control y uso que detentaban las empresas de los excedentes que generaba el sector. Pues desde el Estado se renegoció una nueva carga fiscal que dejó en manos del mismo la mayoría de los excedentes. Ya que, si para los 90’ el Estado sólo percibía en materia de regalías el 18% de la renta y durante el 2003, gracias a la presión de los sectores movilizados en la Guerra del Gas, lo hacía hasta en un 50%; el presidente Morales estableció nuevas cargas impositivas además de los tributos vigentes, ampliando los márgenes de ganancias para el Estado.
Al presente, las empresas que operen en campos gasíferos cuya producción es considerada marginal, deben seguir sosteniendo la misma imposición tributaria que durante el gobierno de Carlos Mesa, (repartida aproximadamente en un 50% para el Estado y un 50% para las empresas), sin embargo aquellas empresas que operen en megacampos[15] deben una participación al Estado de hasta un 82% del valor bruto de su producción. De esta manera, las empresas sólo se apropian del 18% del valor bruto de su producción, para cubrir los costos de operación y amortización de inversiones realizadas, constituyendo lo opuesto a lo que aportaban anteriormente (Capello, 2008); y permitiendo denotar un incremento de la renta capturada por parte del Estado en un 398,5%[16].
De lo expresado hasta aquí se desprende que esta nueva concepción y manejo estratégico del sector energético en una coyuntura geopolítica y económicamente excepcional, permitió a Bolivia contar por primera vez en su historia con superávit fiscal constituyendo la base material necesaria para orientar un nuevo modelo de desarrollo estratégico en aras de mejorar el devenir de los bolivianos. Pues considerando que cuando un Estado posee el control de los excedentes generados por la activi-dad más importante y prometedora de su país, posee la capacidad material ineludible para proyectar su autodeterminación, su relativa soberanía. (García Linera, 2008)
Balance y nuevos dilemas
La particular nacionalización de los hidrocarburos llevada a cabo por el presidente Evo Morales, permitió al Estado boliviano controlar un comercio y una masa de excedentes sin igual en su historia, fortaleciéndolo considerablemente.
Si principalmente durante la era neoliberal, las inversiones extranjeras eran consideradas como la palanca más importante del desarrollo y modernización del país; hoy en día gracias a la naciona-lización el Estado es el principal promotor de políticas que ofrecen a corto, mediano y largo plazo un horizonte estratégico para el pueblo boliviano.
Al presente, en materia de inversiones, los excedentes hidrocarburíferos permitieron impulsar políticas redistributivas sociales, culturales y económicas a fin de fortalecer a los sectores sociales y actividades económicas postergados hasta entonces.
Gradualmente, y a fin de permitir a largo plazo la transición de la economía primario-exportadora, que ha caracterizado a la historia boliviana, hacia una economía de base industrial, el Estado ha fortalecido su injerencia en la promoción de la industria minera, metalúrgica y principalmente del gas, su sector estratégico. Este sector, ha desembolsado capitales tanto a la industria petroquímica, a plantas separadoras de gas, al fomento de otras fuentes de energía como la termo-eléctrica; como así también hacia la formación y convocatoria de cuadros y directivos.
Las políticas redistributivas a mediano plazo han procurado a su vez, promover la actividad de pe-queños y medianos productores vinculados al mercado interno a través del otorgamiento de planes de financiamiento de micro-créditos.
De las medidas a corto plazo es necesario destacar que, teniendo en cuenta que a momentos de la nacionalización el 97% de los bolivianos carecía de acceso al gas natural por redes (empleando el 60% de los bolivianos gas licuado de petróleo envasado en garrafas para cocinar y calefaccionarse y el 40% restante utilizando plásticos quemados, leña, residuos orgánicos e inorgánicos) se proyectó un plan de extensión de la red gasífera a fin de beneficiar a la mayoría de la población. (Bernal: 2006).
A su vez y primordialmente, del conjunto de las políticas cortoplacistas, es vital destacar las políticas socio-culturales que se han convertido en uno de los pilares más importantes encarados por Morales, gracias a la iniciativa nacionalizadora. Las mismas constan en la entrega de Bonos escolares y de un Plan de jubilación hasta el momento inexistente, que permite gozar de este beneficio a un gran sector de la población boliviana hasta el momento postergada.
Ante cifras elevadas de alfabetismo y deserción escolar el bono escolar “Juancito Pinto” fue aplicado por la administración de Morales en función de incentivar el ingreso, permanencia y culminación de los estudios de niños y niñas en las instituciones educativas. Este bono es administrado y entregado por las Fuerzas Armadas, gracias a los excedentes generados por el sector hidrocarburíferos, a las familias postergadas residentes en zonas rurales o periféricas de las ciudades, que cuentan con verdaderas dificultades para educar a sus hijos. Gracias a ello, a datos del 2007 el mismo ya ha beneficiado a un total de 1.411.091 niños y niñas.
El plan de jubilaciones llamado “Renta Dignidad” es una contribución vitalicia destinada a todos los bolivianos y bolivianas mayores de 60 años, que beneficia tanto a los jubilados con un incremento adicional de dinero, como a amplios sectores excluidos hasta entonces de los sistemas de jubilación y pensión, como campesinos, empleados, amas de casa, particulares, etc, con un monto anual de 320 dólares distribuido mensualmente. Éste plan aplicado desde el 1° de enero del 2008 ha beneficiado a 679.009 mil adultos mayores.
Hasta el momento, la tercera tarea nacionalizadora le ha permitido al Estado financiar la adminis-tración y las políticas de inversión con capital propio, soslayando de manera taxativa el conjunto de sujeciones que anteriormente subordinaban al Estado y sus políticas, a las directivas y exigencias del capital monopólico transnacional y los organismos internacionales de crédito. Sin embargo, y si bien la misma ha permitido hasta el momento construir un horizonte estratégico (previendo contar con el incremento de las ventas de gas a nuevos consumidores, como Chile, Paraguay y Uruguay y contar con las buenas relaciones de los gobiernos regionales), la particular nacionalización de los hidrocarburos a la boliviana no puede considerarse plenamente victoriosa e inexpugnable.
Pues por una parte, la gran dependencia de los resultados de la producción y comercialización del gas, podrían vislumbrar la fragilidad del Estado ante un eventual shock de precios o caídas en los niveles de la producción, como afrontar continuas re-negociaciones con los países importadores de gas boliviano para tratar el precio del mismo (actualmente sostenido por precios solidarios) conforme el beneficio del Estado bolivianos. (Capello: 2009)
Por otro lado, cabe mencionar que los intereses del gobierno en utilizar los excedentes hidro-carburíferos en beneficio de los sectores sociales más desprotegidos y en el fortalecimiento de los engranajes de la economía interna, han entrado en contradicción con los intereses de las transna-cionales perjudicadas, reunidos en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, y con los departamentos del Oriente y Sur boliviano, en sintonía con las primeras, que retienen en sus suelos el grueso de las reservas de hidrocarburos.[17] Por lo tanto, el Gobierno de Morales debe mantener el equilibrio ante la presión de los departamentos productores (históricamente blancos y criollos) que presionan por obtener libres dividendos por ser los productores de los energéticos; como así también presionan por su autonomía del resto de Bolivia de acuerdo a los resultados arrojados por el último referéndum autonómico.
Considerando algunos de los dilemas que establecen nuevos desafíos a la administración del actual presidente, se desprende que si bien las políticas hasta aquí tomadas y llevadas a cabo por el gobierno contaron con la sensibilidad para tomar decisiones concordantes con la realidad económica, social y geopolítica local y regional, dejando vigentes evidencias y perspectivas de un futuro más prometedor o menos incierto para los bolivianos; la nacionalización de los hidrocarburos a la boliviana se debe seguir revalidando y profundizando, ya que la misma no es fruto de un proceso cerrado e inexpugnable, sino que se encuentra inmersa en una coyuntura dinámica que requiere de una construcción permanente.
Bibliografía utilizada:
- AA.VV, (2007), Nace YPFB refinación S.A., Revista del Ministerio de Hidrocarburos y Energía de Bolivia. La Paz
- AA.VV, (1994), la Minería y los hidrocarburos en Bolivia, en Cuadernos de Investigación y Trabajo, Bolivia.
- AA.VV, (2003), 34 años de la nacionalización de la Gulf Oil Company, en el periódico “Comunicación y educación” del Instituto Normal Superior Simón Bolivar, Caracas.
- Arze Vargas, C (2004), Las rebeliones populares y la demanda de nacionalización de los hidrocarburos: ¿fin de la era neoliberal en Bolivia?, en cuadernos Cendes, Caracas.
- Bernal, F (2006).la tercera es la vencedora, en el periódico Le Monde Diplomatique, Nº 90, Edición Cono Sur.
- García Linera. A (2008), La potencia Plebeya, Buenos Aires, Prometeo.
- Capello.S, (2009) Bolivia en crisis. La nacionalización de los hidrocarburos.
- CCI, (2007), La gestión de la riqueza hidrocarburífera y los desafíos del desarrollo, Cochabamba, CCI.
- CEDIB (2007) Monopolios petroleros en América Latina y Bolivia: Repsol y otras transnacionales europeas, Cochabamba, CEDIB.
- CEPAL (2008), Balance preliminar de las economías de Amerita Latina y el Caribe.
- Lemoine, M: (2005). indígenas a las puertas del poder, en el periódico Le Monde Dimplomatique, Nº 77, Edición Cono Sur.
- Lorgio Orellana Aillón: (2006). Nacionalismo , populismo y régimen de acumulación en Bolivia, La Paz,
- Mires, F: (1988), la rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina. Buenos Aires, Siglo XXI,
- Paz Rada. E :(2008). Enclave de recursos naturales. Bolivia: La fatalidad del petróleo y el gas.
- Tsolakis. A, Una perspectiva histórica sobre la nueva nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.
- Poveda Ávila, P. Rodríguez, A. El gas de los Monopolios. Análisis de la Política de Hidrocarburos en Bolivia, La Paz, CEDLA
- CEJIS, (2002), RIO + 10. Tierra, Territorio y recursos Naturales. Por el desarrollo sostenible, IBIS. Santa Cruz.
- McGuigan, Claire, (2007), Los beneficios de la inversión extranjera, La Paz, CEDLA.
Fuentes:
- Decreto Supremo Nº 28701, “Héroes del Chaco”.
- Constitución Política del Estado de Bolivia. Régimen de hidrocarburos. (Aprobada en el referéndum en enero de 2009).
- Ministerio de Energía e Hidrocarburos de Bolivia.
[1] La debilidad del Estado Boliviano se fundamenta en que el mismo se organizó de acuerdo a los rendimientos de actividades extractivas de recursos naturales finitos destinados a la exportación y dependientes de las fluctuaciones del mercado internacional propiciando la formación de una clase dominante de miras coyunturales orientadas al beneficio de clase. Consecuentemente esta clase dominante no se convirtió en clase dirigente capaz de llevar adelante un proyecto modernizador y de largo aliento nacional.
[2] Esta empresa norteamericana operó en Bolivia desde 1922 contando con el control de 7 millones de hectáreas para la explotación en aquel entonces.
[3] En 1952 el MNR llevó adelante una revolución en suelo boliviano, conquistando la autonomía relativa del Estado respecto al imperialismo y al capital internacional en la formulación de sus políticas. Verbigracia de estas políticas que dieron cuenta de que el Estado ya no era un apéndice de los latifundistas y los empresarios mineros perjudicados, fueron la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Años posteriores la Revolución del 52’ se vio abortada desde su mismo seno contrariando sus lineamientos nacionalistas originarios.
[4] la capitalización de empresas fue la entrega del 50% de las empresas estatales a socios capitalizadores, mientras que el resto del paquete accionario de dividía entre los trabajadores (2%) y los ciudadanos bolivianos (48%). Las AFJs (administradoras de los fondos jubilatorios) eran las encargadas de administrar esas acciones a través de un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC) y de representar a los bolivianos ante el directorio de las empresas capitalizadas.
[5] Una anécdota más que interesante, es que una vez privatizadas las refinerías de YPFB fueron transferidas a Petrobras y Pérez Companc en 102 millones de dólares, dinero que sirvió sólo para pagar aguinaldos al sector público. Por proceder a esa venta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestó a Bolivia 35.000.000 millones de dólares.
[6] Los sectores en lucha fueron amplios: la lucha de los campesinos del Valle central de Cochabamba en 2000 contra la expoliación de sus fuentes de agua promovida por la empresa Betchel; movilizaciones de las comunidades indígenas del Altiplano Norte de la Paz contra la ley de aguas en Abril y Septiembre de 2000; las luchas de los cocaleros del trópico de Cochabamba y de las yungas de la Paz contra la erradicación de la coca promovida por EE.UU. ; la Guerra del Gas del 2003 por la recuperación de los recursos naturales y la industrialización de los hidrocarburos.
[7] El cambio de matriz energética implica una sustitución gradual de combustibles líquidos como gasolina, diesel y GLP por gas natural. Ésta estrategia permite la baja de los precios del gas y petróleo en Bolivia en comparación con los precios internacionales como parte de una política gubernamental de protección de la industria y producción nacional por medio de subsidios.
[8] El Decreto Supremo Nº. 29130 del 13 de mayo de 2007, reservó las 21 áreas de interés hidrocarburífero a favor de la estatal petrolera, facultada a desarrollar actividades de exploración o explotación hidrocarburífera, por sí misma, o por contratos de asociación (SAM) con petroleras estatales o privadas en los cuales mantenga el 50 % más uno del control societario (hidrocarburos y energía, 2007). A su vez, la empresa debe recibir toda la producción de las empresas extranjeras a fin de realizar la fijación de precios y volúmenes para su comercialización, que pasa a estar a su cargo.
[9] Dentro de sus fronteras Bolivia guarda un inmenso potencial de hidrocarburos, pero en más de 80 años tan sólo el 17 % de su territorio fue objeto de tareas de exploración. Los actuales contratos de operación firmados con 16 petroleras apenas representan el 2,63 % de la extensión de su territorio, según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Tan sólo, el 7,87 % de territorio ha sido parcelado. (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2007)
[10] La nacionalización de los hidrocarburos ha devuelto a Bolivia el control de las refinerías Gualberto Villarroel de Cochabamba y Guillermo Elder Bell de Santa Cruz después de años de administración privada que le han redituado niveles de ganancias leoninos a las transnacionales. Bolivia no sólo compra dos complejos de refinación, sino reasume el control monopólico del 90 % de la producción de carburantes y asegura las condiciones de seguridad energética con la ampliación de los emblemáticos complejos ahora nacionalizados (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2007)
[11] Estos proyectos desembocaron en el fracaso por la falta de elaboración de un proyecto sustentable a largo plazo, de una estructura fiscal firme, de un proyecto social que atienda a las necesidades urgentes a corto plazo; como también por falta de una coyuntura política internacional propicia, entre otros elementos
[12] En octubre de año 85, la Bolsa de Metales de Londres cesó de operar con estaño. Ese cierre produjo una brutal caída en el precio del mineral, que combinada con el debilitamiento del sector, produjo consecuencias negativas. A su vez, la caída de precio del mineral fue concomitante con los grandes esfuerzos financieros llevados adelante por el gobierno para palear la grave hiperinflación que sacudió a América Latina en general. En definitiva, la caída de los precios se reflejó rápidamente en la caída de la producción y participación de las exportaciones del estaño, causando un gran debilitamiento de la economía minera.
[13] La empresa desembolsó desde el año 1995 al 2005 inversiones en materia de infraestructura cercanas a los 1.5 millones de dólares constituyendo para entonces cerca del 18% del PBI y el 20% del total de las inversiones extranjeras directas de Bolivia (Tsolakis, 2008))
[14] La nacionalización no se hizo sin entrar en conflicto con los intereses de las empresas privadas que operaban en el país, a saber: Petrobrás, Repsol YPF, British, Shell, Total, Vintage, Enron etc. Pues el grado de ingerencia y control del capital trasnacional en el sector, era de tal envergadura que las empresas se consideraban no prestadoras de servicios sino dueñas de los recursos bolivianos. La reacción inmediata de las empresas operantes, reunidas en la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, fue la de acusar de confiscatoria a la nacionalización, amenazando con llevar petitorios a la corte internacional ante la falta de seguridad jurídicas que se vivía en la Bolivia de Evo Morales, y dejando en vilo al gobierno ante la posibilidad de ser invadida por territorio brasileño. Invasión abortada por la negativa rotunda del presidente Lula da Silva. Sin embargo, luego de la tormenta que supuso la nacionalización, las buenas relaciones con los gobiernos vecinos permitieron reestablecer la importación de gas incrementando volúmenes y años de proveeduría; y reestablecieron las inversiones, aunque en niveles inferiores a los registrados en la era neoliberal.
[15] Se considera megacampos gasíferos a los campos cuya producción diaria se estima en 2.8 millones de mm3 diarios.
[16] Según datos oficiales de la petrolera YPFB durante la aplicación de la ley neoliberal 1689 los ingresos de la empresa para el Estado habían sido en un lapso de 5 años (desde 1998 al 2004) de 2.140 millones de dólares. En el año 2006, año de la nacionalización los ingresos del sector fueron de 1.192 millones de dólares y en el año 2008, el ingreso más alto recibido por el sector en los últimos años, fue de 2.104 millones de dólares. Si contabilizamos que para el año 2007 la empresa generó para el Estado cerca de 1.900 millones de dólares, obtenemos un resultado que indica que tan sólo en 3 años el Estado obtuvo del sector 5.196 millones de dólares, un aumento del 398,5%. (Diario El Cambio 04/08/09)
[17] El territorio de Tarija posee el 85,7% de las reservas, Santa Cruz posee el 10,6%, distribuyéndose el 3,2% de las reservas restantes entre el resto de los departamentos
