HISTORIA DEL SINDICALISMO ARGENTINO
DEMOCRATIZACION SINDICAL
La ley de asociaciones profesionales, como herramienta política
Para una efectiva defensa de los trabajadores el movimiento obrero argentino tiene que cumplir con dos acciones importantes: la democratización interna y la ruptura de la relación estrecha entre la central obrera con un partido político.
Las consecuencias del actual modelo son, sin duda, un achicamiento de los márgenes de acción de las bases sindicales y un alineamiento del movimiento obrero con las estrategias partidarias del justicialismo. Este alineamiento se mostró lo bastante firme como para permitir, durante el gobierno del justicialista Carlos Menem (1989-99), que los trabajadores toleraran la mas brutal caída de sus ingresos y condiciones de trabajo del periodo democrático[1], mientras la mayoría de los dirigentes sindicales se enriquecía.
Las acusaciones, de enriquecimiento rápido de los dirigentes gremiales, que en este caso apuntan contra Moyano, son un tiro por elevación contra el gobierno nacional y también un intento de los llamados “gordos” (los dirigentes ligados al menemismo en la década del 90, como Luis Barrionuevo, del gremio de los gastronómicos, Mariano West Ocampo, del sindicato de Sanidad y Armando Cavalieri, de Empleados de Comercio, entre otros) por recuperar el poder perdido y obtener una nueva herramienta de presión para mantener y obtener mayores prebendas por aparte del Estado.
Los “gordos” habían sido beneficiados por la política menemista. Como explica el economista Mario Rapoport , el gobierno de Menem recurrió a la distribución de incentivos para cooptar a los dirigentes. En momentos en que los quebrantos financieros afectaban a algunos sindicatos y obras sociales, puso en manos de dirigentes afines a Menem, el manejo de la ANSSAL, organismo recaudador de los fondos de obras sociales. En otros casos, distribuyó posiciones de poder entre dirigentes de gremios de la administración pública, asignándoles apreciables recursos para pagar indemnizaciones y retiros voluntarios. En las privatizaciones, incorporó a los dirigentes al proceso de negociación, como fue el caso de los Programas de Propiedad Participada, es decir, la participación que lograron algunos sindicatos en las empresas del Estado privatizadas en los años noventa, así logro que varios sindicatos desistieran de la confrontación, optaran por la colaboración y, a la vez, aseguraran su supervivencia como organización.
Parte de los beneficios que obtuvieron los sindicalistas por su apoyo al menemismo, fe la Ley 24070, por la cual el Estado argentino se hizo cargo de todas las deudas de los sindicatos y de las obras sociales contraídas en el periodo 1989-91, y la ley de reforma Laboral (Nº 25.013), que en la práctica es una brutal flexibilización laboral. Y una serie de decretos posteriores (supresión de la renovación automática de los convenios colectivos de trabajo y la habilitación para que las Pymes negocien sus convenios con las comisiones internas, lo que debilitaba la posición de los trabajadores, entre otros), que echaron por tierra los beneficios laborales sancionados por el propio peronismo en sus tres gobiernos anteriores.
Esto generó un movimiento obrero flexibilizado y, por otro lado, dirigentes gremiales enriquecidos, los mismos que cedían frente al poder: Jorge Triaca, del sindicato plástico; Naldo Brunelli, de metalúrgicos Oscar Lascano, de Luz y Fuerza, Julio Guillan de telefónicos, Diego Ibáñez y Antonio Cassia, de petroleros, Rodolfo Daer, de alimentación, más los mencionados Barrionuevo y Cavalieri, entre tantos otros.
El anclaje político entre justicialismo y movimiento obrero tiene más de 60 años. Comenzó en 1943, con la llegada de Juan Domingo Perón a la Secretaría de Trabajo y Previsión, tras un golpe de Estado de corte nacionalista. El movimiento obrero fue intervenido por el Estado; disuelta la CGT número 2, integrada por socialistas y comunistas, y cooptada la CGT número 1 liderada por las corrientes socialista y sindicalista. Este acuerdo fue posible gracias a la política implementada desde la Secretaría: una legislación laboral que incluía aumentos salariales, la firma de centenares de convenios colectivos de trabajo, indemnizaciones, aguinaldo, recorte de la jornada laboral, sanción del Estatuto del Peón- regulación de las relaciones entre patrones y trabajadores del campo entre otras medidas. Pero la norma fundamental sancionada por Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue el decreto 23.852, promulgado en octubre de 1945, que reglamento el funcionamiento de las Asociaciones Profesionales, hasta la promulgación de la Ley 14250, de 1953.
El Estado incluyo así a los sindicatos en el ordenamiento legal, a cambio de su renuncia a una orientación clasista. A partir de allí, regulo su organización por rama de industria (un gremio por rama), mediante el otorgamiento de la personería gremial al sindicato que consideraba más representativo. El Estado se inhibió de intervenir las organizaciones obreras, pero les dio vía libre para que actuaran en política.
Pero la llave que garantizaba el control del movimiento obrero era la disposición de otorgar la personería gremial a un sindicato por rama. La existencia de otras organizaciones estaba permitida, pero estas no obtenían el reconocimiento legal para llevar adelante cualquier negociación ni llevar adelante medidas de fuerza. Estas cláusulas, más la represión a los sindicatos dominados por el comunismo y el socialismo, desplazó a los dirigentes de la izquierda tradicional. El proceso de alineación entre Estado y sindicatos se cristalizó durante la década de gobierno peronista (1945/55), durante la cual no sin tironeos y conflictos el gobierno fue “domesticando” a la CGT.
El momento más difícil para el sindicalismo peronista se produjo tras el golpe de Estado del 16 de septiembre de 1955: una severa represión contra el peronismo, intervención de los sindicatos, detenciones masivas y un nuevo régimen de Asociaciones Profesionales, mediante una serie de decretos firmados en 1956, fueron algunas de las medidas adoptadas para disciplinar al movimiento obrero. La nueva normativa prohibía expresamente la participación política de las entidades gremiales, preveía la formación de varias centrales obreras y el establecimiento de distintos sindicatos por rama de actividad, medidas que en la práctica disminuían el poder de negociación de las organizaciones obreras. El mapa quedó entonces dividido entre los “32 Gremios democráticos” avalados por la dictadura del general Pedro Eugenio Aramburu, las “62 Organizaciones” que nucleaban al peronismo, y el sector de “los 19”, una posición intermedia, integrada por una minoría comunista que luego formaría el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical.
Pero en 1958, tras el pacto entre Perón y Arturo Frondizi que posibilito el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), el nuevo gobierno sancionó una Ley De Asociaciones Profesionales, la Nº 14.455, del 27-8-58, que no solo reconocía a los sindicatos peronistas, sino que devolvía al movimiento obrero el marco diseñado entre 1943-1955. Los sindicatos peronistas tornaban así a controlar al movimiento obrero.
La década del 60 permitió la emergencia de un nuevo tipo de gremialismo, que poco a poco fue conocido como la “burocracia sindical”, por la falta absoluta de democracia interna(control de las Comisiones Internas y, sobre todo de las Comisiones directivas) y por su comportamiento pactista con los empresarios y el Estado. El arquetipo de esta dirigencia, que se reproduce hasta hoy, fue el sector conocido como “el vandorismo”, por su comportamiento ante la dictadura iniciada por el general Juan Carlos Onganía (1966/73) La complicidad de la CGT peronista con el golpe de Estado de 1966.
Esa complicidad no fue gratuita: los burócratas sindicales arrancaron a la dictadura el decreto ley 18160, de febrero de 1970, que estableció un aporte del 2% a cargo del empleador y del 1% sobre los salarios de los trabajadores, destinado a las obras sociales, luego reformado. Una multimillonaria masa de fondos paso así a ser administrada por la dirigencia sindical. Esa suma, según estimaciones extraoficiales, ronda actualmente los 5.000 millones de dólares anuales.
Naturalmente, a medida que el sindicalismo peronista se burocratizaba, la presión de los sectores más conscientes acabó en deserciones y rupturas, como la protagonizada por la CGT de los Argentinos y las experiencias de los sindicatos clasistas y democráticos mediterráneos (como el SITRAC y el SITRAM) que concluyeron en el Cordobazo y otras grandes presiones contra la dictadura.
El del tercer gobierno peronista (1973/76) fue el momento de mayor esplendor de la burocracias sindical argentina. Una nueva Ley de Asociaciones Profesionales, la Nº 20.615, de diciembre de 1973 fuertemente criticada por la oposición, como el senador radical Hipólito Solari Irigoyen permitió cerrar el círculo del monopolio peronista sobre las organizaciones gremiales. Entre otras cosas, concedía a la dirigencias sindicales la posibilidad de unirse a un partido político, que no estuvieran representadas las minorías y además un arma fundamental la intervención vertical de la CGT a las Federaciones de éstas a los gremios y de los sindicatos a las comisiones internas. Así se logro la eliminación de la oposición interna.
Esta legislación, sumada a la toma de sindicatos a punta de ametralladora y la posterior represión durante la ultima dictadura militar (1976-83), eliminaron definitivamente cualquier intento de democratización del movimiento obrero.
Durante la última dictadura militar, uno de los pocos sectores que intento (aunque tibiamente) un plan de lucha fue el movimiento obrero organizado. Aun intervenido y dividido, en 1979 inicio la convocatoria de huelgas generales que desembocaron en la populosa marcha del 30 de marzo de 1982. La CGT-Brasil, liderada por el líder cervecero, Saul Ubaldini, encabezó esas luchas, mientras el sector “dialoguista” – la CGT – Azopardo, comandada por Jorge Triaca, no rompía relaciones con la dictadura.
Pero con la instauración democrática, en 1983, los viejos vicios del sindicalismo afloraron nuevamente. Apenas llegado al gobierno, Raúl Alfonsín. El primer líder político que derrotó al peronismo en elecciones libres. Entendió que no había democracia posible si, entre otras cosas, no se iniciaba un profundo proceso de cambio al interior del movimiento obrero sindicalizado. Para ello, designó al dirigente gráfico Antonio Muccim ministro de trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de lograr un reordenamiento sindical. El correspondiente proyecto de ley, conocido como “Ley Mucci”, fue un intento de terminar con la situación. En una de sus pautas más trascendentes, la propuesta establece la participación de las minorías en los gremios: cualquier fracción que lograra un 25% de los votos tendría representación en la conducción. Fija, además, el voto directo, obligatorio y secreto y, según su artículo 41, no se requerirá, por esa única vez, antigüedad sindical para ser candidato en todas las elecciones previstas, al tiempo que determina la duración máxima del mandato en tres años con una sola posibilidad de reelección inmediata.[2] La “Ley Mucci” no preveía la desestructuración del sindicato único por rama, sino simplemente una mayor y mejor representatividad de las organizaciones, pero fue duramente combatida por las dos CGT peronistas, que encontraron en el proyecto la excusa ideal para volver a unificarse e iniciar un plan de alerta y movilización, apoyado por el peronismo. El 14-3-1984, en sesión ordinaria, el Senado rechazo la Ley por la diferencia de dos votos -24 a 22- y días después Mucci se vio obligado a renunciar. La CGT comenzó un plan de hostigamiento al gobierno radical, que incluyó 14 huelgas generales entre 1985 y 1989. Esta dureza no se verifico durante el gobierno peronista posterior, durante el cual se produjo la mayor regresión del ingreso y pauperización de los sectores del trabajo y la desnacionalización de la industria.
En 1988 el gobierno radical, vencido, sancionó una Ley de Asociaciones Profesionales (23.551) que reguló los sindicatos a medida de los dirigentes peronistas
La década menemista originó luego una nueva fractura dentro de la CGT, el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) y sobre todo de una central sindical, la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), que actualmente tiene ya 15 años de existencia y no ha conseguido de ningún gobierno, incluyendo al actual, el reconocimiento de su personería gremial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclama anualmente a Argentina por la apertura de un proceso de democratización.
La Central de los trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron en 2004 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDIDH), en el sentido de que la legislación argentina viola los derechos humanos en lo correspondiente a los artículos de libertad sindical.[3]
Los argumentos son contundentes, si bien en Argentina se admite la coexistencia de varias asociaciones sindicales con ámbitos de actuación espacial y personal superpuestos, solo la más representativa puede acceder a la personería gremial y solo se otorga personería gremial a un sindicato de empresa, cuando no obrare en la zona de actuación y en la actividad o en la categoría una asociación de primer grado o unión. Los representantes de las asociaciones sindicales con personería gremial poseen protección especial frente a despidos, suspensiones y/o modificaciones de las condiciones de trabajo. Los representantes de los sindicatos simplemente inscriptos carecen de toda protección legal.
Las asociaciones sindicales simplemente inscriptas tienen vedada la representación de los intereses colectivos de sus afiliados cuando existiere en la misma actividad o categoría una asociación sindical con personería gremial. Las asociaciones con personería gremial tienen derecho a que los empleadores actúen como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación y otros aportes, deben tributar los trabajadores a las asociaciones. Los sindicatos simplemente inscriptos no poseen este derecho. Las asociaciones simplemente inscritas no pueden disputar la condición más representativa a la asociación que posee personería gremial. Para ello, deben demostrar que poseen una cantidad de afiliados “considerablemente superior” durante un periodo mínimo y continuado de seis meses anteriores a la solicitud. Por eso, la regulación de la actividad sindical en Argentina es indudablemente violatoria de los derechos a asociarse libremente con fines laborales, a la libertad sindical y a la huelga, a un trato igualitario, y a un recurso judicial efectivo.
El documento del CELS asegura que el estado de desprotección en que se encuentran los representantes de los sindicatos meramente inscriptos constituye una grave violación al derecho a la libertad sindical. En efecto es irrazonable suponer que una asociación sindical puede subsistir y desarrollar su plan de acción si sus representantes carecen de un mínimo grado de protección frente a posibles represalias de sus empleadores. La ley 23.551 otorga esta protección únicamente a los representantes, estableciendo como única sanción la indemnización por despido prevista en el régimen general.
Existen en el país más de 3.000 sindicatos y 85 federaciones. De este conjunto solamente 11 entidades cuentan con más de 100.000 afiliados, y 15 entre 50.000 y 1000.000 afiliados. Sin embargo aproximadamente 1.000 entidades tienen entre 100 y 499 afiliados. 1.792 sindicatos carecen de personería gremial, es decir, son simplemente inscriptos (frente a 1.357 sindicatos que poseen personería). Por ende, la sola razón de pertenecer a estas organizaciones se convierte en un criterio de discriminación ilegitimo ya que sus integrantes no pueden acceder a la protección que la ley otorga, con exclusividad, a las asociaciones dotadas de personería gremial y 93 solicitudes de inscripción en trámite, prueban la necesidad de constituir nuevos colectivos sindicales.
Uno de los argumentos más utilizados contra la democratización sindical y la libertad de asociación es que el modelo de sindicato por rama fortalece la posición de los trabajadores respecto de las patronales en una negociación. Este argumento es sólido, ya que una simple comisión interna siempre esta en desventaja frente a una empresa con mayor poder Además, se trata de un principio adquirido y de una bandera defendida por los mismos sindicatos. Sin embargo, la experiencia de la década de los 90 prueba que muchas veces esa centralización y monopolización acaba por convertir a los trabajadores en rehenes de sus dirigentes. En la mayoría de los países europeos hay más de una central sindical y todos, en mayor o menor medida, favorecen la libertad de asociación y la democratización interna.
Una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que regule las prácticas internas, que favorezca la democratización interna y éste en congruencia con la modernización que los trabajadores necesitan para una mejor defensa de los beneficios sociales conseguidos y del dramático avance en el proceso de explotación por parte de los dueños de los medios de producción, es una de las grandes deudas pendientes de la democracia argentina.
Ricardo González Saavedra
[1]Durante los cinco años del menemismo, la tasa de desocupación creció del 6% al 16,6 %.Además el 30 % mas pobre pasó de percibir el 9,5 % del ingreso al 8,3 ; mientras que el 10 % más rico paso del 35 % al 37,3 % y la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo del 36% al 22 % según los datos suministrados por el INDEC
[2] Santiago Senén González y Fabian Bosoer , La trama gremial 1983-1989. Corregidor .Bs As,1993
[3] Denuncia del CELS y la CTA ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 5/3/04:, www.cta.org.ar
No hay comentarios.:
Publicar un comentario